Argentina se prepara para implementar un nuevo mecanismo de inversión en transmisión energética (antes de fin de año)

Estas declaraciones coinciden con la reciente publicación del “Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del período 2024/2026” por parte de la Secretaría de Energía. Este plan busca mitigar la crisis del sistema eléctrico, abordando la falta de reservas de potencia y proponiendo medidas para acelerar obras de transmisión que ya están en marcha. En este contexto, se refirió a la Resolución SE 507/2023, emitida por la gestión anterior, que aprobó un conjunto de ampliaciones de la red y ajustes en estaciones transformadoras, contemplando una inversión de 6.945 millones de dólares para incorporar 3.550 MW de capacidad renovable.

Además, se destacó la importancia de proyectos críticos como la Línea de Transporte Vivoratá-Plomer, parte del ambicioso proyecto AMBA I, y la interconexión eléctrica entre Río Diamante y O’Higgins, que abarca casi 487 kilómetros entre Buenos Aires y Mendoza. A pesar de los cambios de gestión, el actual gobierno podría continuar con estos planes, considerados necesarios para el desarrollo energético del país. Se anticipa que también se recibirán manifestaciones de interés para gestionar y financiar ampliaciones en redes de alta tensión, así como inversiones en transporte eléctrico a través del Mercado a Término de Energías Renovables.

Sin embargo, se señala que para las líneas que no estén conectadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), será necesaria una regulación específica por parte de la Secretaría de Energía. Esta regulación busca establecer el derecho a la servidumbre de electroducto, considerando que estas líneas constituirán un servicio público, especialmente en sectores específicos como la minería. Con este panorama, el gobierno argentino se prepara para abordar uno de los desafíos más importantes en la transición hacia energías más sostenibles.

La necesidad de un mecanismo efectivo para la expansión de las redes de transmisión se ha vuelto urgente en Argentina, especialmente ante el crecimiento del sector de energías renovables. A medida que el país avanza hacia un modelo energético más sostenible, es crucial que la infraestructura de transmisión se desarrolle en paralelo. La dependencia de fuentes renovables, como la eólica y la solar, requiere un sistema robusto que pueda soportar la variabilidad de estas energías y asegurar su integración en el mercado. La falta de capacidad en la red ha sido un obstáculo recurrente, y la propuesta de un nuevo mecanismo busca solventar esta problemática.

La incertidumbre en torno a la financiación y la implementación de estos proyectos ha llevado al gobierno a buscar un enfoque que incentive la inversión privada. González enfatizó la necesidad de generar "certezas" para los inversores, ya que la participación del sector privado es fundamental para el éxito de estas iniciativas. La experiencia previa ha demostrado que la colaboración entre el Estado y las empresas privadas puede facilitar la ejecución de proyectos ambiciosos y necesarios para garantizar la seguridad energética del país. En este sentido, la propuesta de una licitación podría ser un paso adelante para atraer capitales que fortalezcan la infraestructura de transmisión.

A medida que Argentina avanza en este proceso, será fundamental observar cómo se desarrollan las regulaciones y las políticas asociadas al derecho a la servidumbre de electroducto. La correcta implementación de estas regulaciones no solo asegurará que se establezcan las condiciones adecuadas para las nuevas inversiones, sino que también protegerá los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de nuevas líneas de transmisión. La sostenibilidad del sistema energético no solo dependerá de la capacidad técnica y financiera, sino también de un enfoque inclusivo que considere el bienestar de todas las partes interesadas. Con un marco regulatorio claro y un compromiso genuino con la colaboración, Argentina podrá avanzar hacia un futuro energético más resiliente y sostenible.