El funcionario destacó que la concesión otorgada a los operadores privados se limita al uso de los bienes públicos para la generación de electricidad durante un período determinado, sin que esto implique la propiedad de los mismos. Al concluir la concesión, los bienes revierten automáticamente al Estado. Además, puntualizó que el recurso utilizado, en este caso el agua, es propiedad de las provincias, conforme al Código Civil y la Constitución Nacional, y que nunca se privatiza.
El gobierno nacional planea crear nuevas unidades de negocio que administrarán las concesiones, siguiendo el modelo exitoso implementado en 1993. Estas unidades serán concesionarias del uso de los bienes de dominio público y operarán bajo la supervisión del Estado. La selección de inversores para estas unidades se realizará a través de una licitación pública nacional e internacional.
En relación a la participación de las provincias en este proceso, los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, acordaron con Chirillo que sus respectivas provincias estarán involucradas en el diseño del concurso que definirá el futuro de las represas en el río Limay. Este acuerdo asegura que aspectos clave como el uso del agua, regalías, y cuestiones ambientales serán discutidos conjuntamente, con la participación de un equipo técnico compuesto por representantes de las tres partes.
El proceso de concesión que impulsa el gobierno tiene como objetivo asegurar la continuidad operativa y el mantenimiento de las represas hidroeléctricas del Comahue, fundamentales para el sistema eléctrico nacional. Chirillo enfatizó que la participación de inversores privados no altera la naturaleza pública de los bienes involucrados, destacando que los activos continuarán bajo control estatal y que los concesionarios estarán obligados a realizar las inversiones necesarias para extender la vida útil de las centrales.
En este contexto, los mandatarios provinciales de Neuquén y Río Negro han mostrado su apoyo al proceso, subrayando la importancia de garantizar que las decisiones sobre el uso del agua y otros recursos naturales se tomen en conjunto con el gobierno nacional. La colaboración interjurisdiccional es vista como una herramienta clave para proteger los intereses regionales y asegurar que las comunidades locales se beneficien de los recursos hidroeléctricos de la región.
Finalmente, Chirillo destacó que este proceso de concesión busca modernizar la infraestructura energética sin comprometer la propiedad estatal de los recursos. El gobierno se ha comprometido a mantener una comunicación abierta con las provincias y a involucrarlas activamente en cada etapa del proceso, asegurando que las decisiones reflejen un equilibrio entre los intereses públicos y la necesidad de inversión privada en el sector energético.
“Las hidroeléctricas no están a la venta” (aclaran desde el gobierno nacional)
El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, aclaró en su cuenta oficial de la red social X que no existe ninguna intención de privatizar las represas hidroeléctricas de la región Comahue, luego de que surgieran rumores sobre un error en un decreto presidencial relacionado con la concesión de estos activos. Chirillo subrayó que las centrales hidroeléctricas son bienes de dominio público del Estado y que, por lo tanto, no pueden ser transferidas a manos privadas.
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