La reducción en el gasto se debe, en parte, a la caída de los precios internacionales del gas natural licuado (GNL) y al aumento en la capacidad de transporte de gas gracias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Este gasoducto ha permitido una menor dependencia de las importaciones durante los picos de demanda en invierno, lo que contribuye significativamente al ahorro proyectado.
Sin embargo, imprevistos recientes como la ola de frío que llevó a la importación no planificada de combustibles líquidos y GNL por unos US$ 500 millones, han ajustado este panorama. A pesar de estos desafíos, el Gobierno confía en cumplir con la meta de reducción de subsidios.
Otro factor clave en la disminución del gasto es el diferimiento de la deuda de Cammesa, la empresa administradora del mercado mayorista eléctrico, con las generadoras. Esta deuda, que suma aproximadamente US$ 533 millones, será pagada con un bono en dólares con vencimiento en 2038, lo que permite aliviar la presión fiscal a corto plazo.
La Secretaría de Energía, bajo la dirección de Eduardo Rodríguez Chirillo, implementará un nuevo esquema de segmentación de subsidios que afectará principalmente a los usuarios de ingresos medios y bajos, que representan el 70% de los consumidores residenciales. Estos usuarios pagan actualmente una fracción del costo real de la electricidad y el gas, con el gobierno cubriendo la diferencia.
A pesar de las subidas en otros componentes de las facturas de luz y gas, que han promediado entre un 300% y 400%, la magnitud exacta de la quita de subsidios y los incrementos en las tarifas aún no se ha especificado. Sin embargo, se anticipa que el consumo de los usuarios de menores ingresos seguirá estando subsidiado en su totalidad, aunque se introducirán topes de consumo y criterios más estrictos para la exclusión de beneficiarios.
La meta a largo plazo de la Secretaría de Energía es implementar un nuevo esquema de asignación de subvenciones basado en la capacidad de pago de los hogares, que se ha pospuesto hasta noviembre. Mientras tanto, se avanzará con un "esquema de transición" para gestionar esta reducción de subsidios.
El impacto de esta reducción en los subsidios energéticos no solo tiene implicaciones fiscales, sino también sociales. Los aumentos en las tarifas de electricidad y gas afectarán principalmente a los sectores de ingresos medios y bajos, quienes ya enfrentan presiones económicas significativas. A medida que el gobierno avanza con la implementación del nuevo esquema de subsidios, se espera que estos ajustes generen debates y posibles resistencias en la población afectada. La administración busca equilibrar la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales y la responsabilidad de mitigar el impacto social de estas medidas.
Por otro lado, el rol del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner se destaca como una pieza clave en la estrategia energética del país. Al incrementar la capacidad de transporte de gas, este proyecto no solo contribuye a una menor dependencia de las importaciones durante los picos de demanda, sino que también fortalece la seguridad energética a largo plazo. La capacidad de aprovechar recursos internos, como los provenientes de Vaca Muerta, permite al país avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética, reduciendo la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado internacional y consolidando una base más sólida para el desarrollo económico.
Los subsidios en energía caerán US$ 3.000 millones este año
El gasto del gobierno en subsidios a la energía se reducirá en al menos US$ 3.000 millones este año, impulsado por una disminución en las importaciones de combustible y un cambio en la forma de pago de la deuda con las generadoras eléctricas. Este ajuste, estimado por la consultora Economía y Energía, liderada por Nicolás Arceo, ex vicepresidente de YPF, se alinea con los objetivos fiscales acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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