La mayor parte de las iniciativas se orientan al hidrógeno de origen renovable, conocido como hidrógeno verde (H2V), utilizando el potencial eólico de la Patagonia y otras regiones. Aunque algunos proyectos ya están en marcha, las inversiones más ambiciosas permanecen en fase de anuncio o licitación, a la espera de una ley que les dé respaldo normativo.
Un estudio de la organización Fundar destacó que el hidrógeno de bajas emisiones podría posicionar a la Argentina como pionera en un sector emergente, diversificar exportaciones, avanzar en la descarbonización industrial y desarrollar capacidades locales a lo largo de la cadena de valor. Para alcanzar ese objetivo, remarcaron, es fundamental contar con un régimen regulatorio claro.
Entre los proyectos en operación se encuentra Hychico, en Comodoro Rivadavia (Chubut), que desde 2009 produce hidrógeno y oxígeno a partir de un parque eólico mediante electrólisis. En Santa Cruz, la planta de Pico Truncado también se mantiene activa, constituyendo las primeras experiencias de hidrógeno en el país.
Las megainversiones, sin embargo, son las que concentran la mayor atención. En 2021, Fortescue Future Industries (FFI) anunció en Río Negro una inversión de US$ 8.500 millones para instalar un parque eólico, una planta de producción de H2V y un puerto de exportación. El proyecto generó expectativas globales, pero en 2024 surgieron dudas sobre su continuidad.
En la misma provincia, Abo Energy presentó tres proyectos que, en su etapa inicial, prevén 3 GW de energía eólica terrestre y hasta 10 GW en ampliaciones futuras. Su meta es producir 270.000 toneladas de hidrógeno y 1,5 millones de toneladas de amoníaco verde al año, destinados a la exportación.
El extremo sur del país también es escenario de grandes planes. En 2024, Southern Cone Energy (CWP Global) firmó un acuerdo con Tierra del Fuego para instalar parques eólicos, plantas de electrólisis, desalinización de agua y producción de amoníaco, además de la construcción de infraestructura vial y portuaria.
Otro anuncio en la isla fue realizado por MMEX en 2022, que anticipó un proyecto de hidrógeno verde de US$ 500 millones, aunque no se registraron avances posteriores. En Santa Cruz, el proyecto Orkeke de Nordex-Acciona busca instalar un parque eólico de 2,6 GW con capacidad para producir 170.000 toneladas de hidrógeno verde y 200.000 toneladas de amoníaco al año, con una inversión estimada en 5.000 millones de euros y una decisión final de inversión prevista para 2027.
En Buenos Aires, ENARSA lanzó en 2023 una licitación para desarrollar un proyecto de 200 MW en Bahía Blanca con una inversión de US$ 300 millones. En la misma ciudad, Profertil e YPF también avanzan en estudios para producir hidrógeno.
La ausencia de un régimen normativo uniforme genera incertidumbre para todos estos proyectos. Distintas iniciativas de ley de hidrógeno se presentaron en el Congreso, pero aún no se logró un consenso que otorgue estabilidad a largo plazo.
Los especialistas remarcan que, además de competitividad en los mercados internacionales, las políticas públicas deben asegurar que el desarrollo del hidrógeno se traduzca en beneficios económicos y sociales para el país. Esto incluye fomentar proveedores locales, generar empleo calificado, promover la transferencia tecnológica y garantizar estándares ambientales.
La Argentina se encuentra en una encrucijada: cuenta con condiciones naturales excepcionales para liderar la producción de hidrógeno verde, pero necesita un marco legal que convierta los anuncios en realidades y que asegure que las inversiones proyectadas se traduzcan en desarrollo sostenible y en una nueva etapa de la transición energética.
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