El tratado minero entre Argentina y Chile: un modelo de cooperación transfronteriza que cobra impulso

El tratado binacional de minería entre Argentina y Chile, firmado en 1997, es una pieza única en el mundo que permite la eliminación de fronteras para facilitar proyectos mineros conjuntos en la cordillera de Los Andes. Este acuerdo, que abarca toda la frontera entre ambos países, facilita la circulación de personas y bienes relacionados con la minería sin necesidad de tramitaciones aduaneras, siempre dentro de un marco protocolar específico.

La historia de este tratado se remonta a negociaciones que comenzaron a principios de los '90, con el objetivo de presentar la cordillera como un distrito minero unificado. Los primeros proyectos que lo utilizaron fueron Pascua Lama y El Pachón, ambos ubicados en la provincia de San Juan. Hoy, con el auge del cobre, el tratado ha cobrado mayor relevancia, ya que nuevos proyectos cupríferos buscan aprovechar las ventajas que ofrece la colaboración transfronteriza.

Existen dos tipos de protocolos en el marco del tratado: el de exploración y el de explotación. Estos protocolos son solicitados por las empresas mineras y gestionados por la Comisión Administradora del Tratado, que incluye representantes de ambos países. Actualmente, se están estudiando varios protocolos, como el solicitado por la empresa Kopano Cobre para el proyecto Filo Sur, que abarca territorios en ambos países. Este proyecto, cercano a Filo del Sol, está en fase de perforación superficial en Argentina, con planes de extenderse a Chile.

Otro protocolo en análisis es el solicitado por Minera Los Pelambres, que busca un camino de acceso en Argentina para facilitar el transporte de insumos hacia su mina en Chile. Este requerimiento, aunque no encaja perfectamente en los dos tipos de protocolos existentes, se ajusta al tratado por tratarse de trabajos accesorios a la explotación minera. La aprobación de este protocolo ha sido lenta debido a sugerencias de cambios por parte de la comisión administradora.

Además, se están evaluando modificaciones a protocolos existentes. El protocolo Vicuña, que abarca el proyecto Josemaría en Argentina y Los Helados en Chile, se ampliará debido a la incorporación de nuevas concesiones mineras en ambos países. Por otro lado, el protocolo de Filo del Sol se reducirá, ya que parte de su área de operaciones será transferida a Vicuña.

La complejidad y alcance de este tratado destacan su importancia como herramienta de política exterior para ambos países, especialmente en la actual era del cobre, donde la cooperación binacional se presenta como una estrategia clave para el desarrollo minero en la región.

El tratado ha permitido que empresas internacionales como Barrick Gold, Glencore y Lundin Mining desarrollen proyectos de gran envergadura en la cordillera, uniendo esfuerzos y recursos de ambos países para optimizar la extracción de minerales. Esta colaboración no solo beneficia a las compañías involucradas, sino que también impulsa el desarrollo económico de las regiones fronterizas, como San Juan y La Rioja en Argentina, donde se encuentran importantes yacimientos de cobre. A su vez, las autoridades mineras de Chile y Argentina trabajan en conjunto para supervisar y regular la implementación de estos proyectos, garantizando que se cumplan los estándares ambientales y operacionales.

Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos. Las diferencias administrativas y las complejidades geopolíticas de trabajar en una zona limítrofe exigen ajustes constantes en los protocolos vigentes. La modificación de áreas de operación, la incorporación de nuevas concesiones y la resolución de cuestiones burocráticas son parte del día a día para la Comisión Administradora del Tratado. A medida que los proyectos mineros avanzan, también lo hace la necesidad de adaptar el tratado a las nuevas realidades del sector, garantizando así su continuidad y eficacia como marco de integración binacional.

Provincias petroleras buscan eliminar las retenciones al crudo convencional para sostener la producción

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Tras una actualización tarifaria que mejoró los ingresos del sistema eléctrico, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó la reactivación de las obras de ampliación de la represa hidroeléctrica, con la instalación de tres nuevas turbinas en el brazo Aña Cuá. El proyecto, licitado en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, había quedado paralizado a comienzos de 2024 por problemas económicos y de gestión.