La medida propone un mecanismo de adhesión voluntaria para que las empresas productoras reordenen sus contratos y anticipen el cierre del vínculo con la empresa estatal. En la práctica, el objetivo es que Energía Argentina deje de ser la contraparte contractual y transfiera esos acuerdos a distribuidoras, subdistribuidoras, generadores eléctricos o a la compañía administradora del mercado mayorista, según el destino de los volúmenes adjudicados.
Desde el Gobierno explican que la decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de la intermediación estatal en el sector energético. El nuevo esquema apunta a normalizar las relaciones contractuales entre privados y avanzar hacia un mercado donde el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte se forme de manera progresiva por la interacción entre oferta y demanda. En el sector, además, se reconoce que la medida busca atender deudas acumuladas con las productoras, estimadas en más de 350 millones de dólares.
El cambio de rumbo se fundamenta en la modificación del contexto macroeconómico respecto del momento en que se creó el Plan Gas.Ar, la emergencia energética vigente hasta julio de 2026, la necesidad de sanear el mercado tras años de congelamientos tarifarios y subsidios generalizados, y el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A., que vuelve incompatible su rol como compradora central de gas.
Uno de los puntos centrales es la cesión de los contratos actualmente vigentes. Según se detalla, la continuidad de la empresa estatal como intermediaria genera intermediaciones innecesarias y se aparta del marco regulatorio que establece que las distribuidoras deben contratar el gas directamente con productores o comercializadores.
Si bien la adhesión al nuevo esquema no es obligatoria, se introducen incentivos concretos para fomentar la participación de las empresas. Entre ellos se destaca una reducción significativa de la carga regulatoria, al eliminarse la obligación de presentar informes mensuales y trimestrales auditados sobre los planes de inversión comprometidos. También se flexibiliza el compromiso de inyección de gas, al eliminarse el coeficiente que se utilizaba para calcular las curvas de producción exigidas.
Otro cambio relevante es la mejora en el esquema de pagos. Para quienes adhieran, el pago provisorio de la compensación estatal cubrirá el 90% del monto declarado en las declaraciones juradas, sin necesidad de certificaciones previas, lo que implica un adelanto financiero mayor y un impacto directo en la liquidez de las productoras. En conjunto, estas modificaciones configuran una renegociación anticipada de las reglas del Plan Gas.Ar, con menores obligaciones a cambio de facilitar el desarme del esquema original.
En cuanto a los subsidios, se aclara que el Estado nacional continuará pagando la porción del precio del gas que hoy asume bajo el mecanismo de compensación. Es decir, no se eliminan de inmediato los subsidios, sino que se modifica la estructura contractual mediante la cual se instrumentan, sin impacto directo sobre las tarifas de los usuarios finales.
El organismo regulador del gas tendrá un rol clave en la transición. Será el encargado de supervisar la reasignación de volúmenes y de garantizar el abastecimiento durante los picos de demanda estacional. Una vez concluido el proceso de adhesión, las empresas contarán con un plazo determinado para presentar los nuevos contratos y adecuar sus compromisos al nuevo esquema.
Desde el ámbito técnico surgieron algunas miradas críticas que advierten que el desarme anticipado del Plan Gas.Ar responde a una lógica de reducción del rol del Estado y no necesariamente a una evaluación integral de costos y beneficios. Señalan que la flexibilización de compromisos y el aumento de adelantos financieros podrían incrementar el costo fiscal sin garantías equivalentes en términos de inversión adicional o mayor oferta de gas.
Más allá de las discusiones técnicas, la medida funciona como una señal política clara: el Plan Gas.Ar entra en su etapa final y el Gobierno apuesta a una transición hacia un mercado con menos contratos administrados y menor presencia estatal directa. El impacto real de esta decisión sobre la producción, la inversión, el abastecimiento y las cuentas públicas será uno de los principales ejes del debate energético durante 2026, en un contexto donde el gas natural sigue siendo una pieza central del sistema energético argentino.
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