La medida quedó formalizada con la publicación del Decreto 921/2025, que establece un nuevo marco para impulsar ampliaciones clave en la red eléctrica nacional, con el objetivo de reducir el riesgo de cortes de suministro, mejorar la confiabilidad del sistema y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los principales centros de consumo.
El plan apunta a robustecer una infraestructura considerada crítica para el funcionamiento del sistema energético argentino, en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda y de expansión de la capacidad de generación, tanto convencional como renovable.
Según lo dispuesto en la norma, las obras definidas como prioritarias se ejecutarán a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el régimen previsto por la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permitirá que empresas privadas se hagan cargo de la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones, sin comprometer recursos fiscales directos.
Desde el Ejecutivo destacaron que este modelo busca ofrecer previsibilidad jurídica, reglas claras y sostenibilidad económica, factores considerados clave para atraer inversiones de largo plazo en un sector intensivo en capital y con plazos de recuperación extendidos.
El decreto delega en la Secretaría de Energía la responsabilidad de llevar adelante el proceso licitatorio, incluyendo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos correspondientes.
En tanto, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control, con facultades para supervisar el cumplimiento de las condiciones contractuales y garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos.
La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de normalización del sector eléctrico, orientada a destrabar inversiones que permanecían postergadas y a modernizar un sistema de transporte que resulta clave para la seguridad energética y el desarrollo productivo del país.
Uno de los principales objetivos del plan es reducir las restricciones que actualmente afectan a usuarios residenciales, industrias y economías regionales, especialmente en zonas donde la capacidad de transporte limita el aprovechamiento de la generación disponible.
El fortalecimiento de la red de alta tensión también es considerado un paso necesario para acompañar la incorporación de nueva generación, en particular de fuentes renovables, que requieren un sistema de transporte robusto y confiable para su integración plena.
Desde el Gobierno Nacional señalaron que la ampliación del transporte eléctrico es una condición indispensable para garantizar un suministro estable, competitivo y acorde a las necesidades de crecimiento de la economía argentina.
El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico se consolida así como una pieza central de la política energética, con el objetivo de dotar al país de un sistema más moderno, resiliente y preparado para los desafíos de los próximos años.
Con este nuevo marco normativo, el Ejecutivo busca sentar las bases para una etapa de inversiones sostenidas en infraestructura eléctrica, apostando a la articulación público-privada como herramienta para acelerar obras estratégicas y mejorar la calidad del servicio en todo el territorio nacional.
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