San Juan analiza el modelo chileno para el uso de agua de mar en la minería

Chile se vio forzado a implementar esta tecnología por una conjunción de factores: décadas de sequía, la modificación de su ley de aguas que prioriza el consumo humano y una creciente exigencia ambiental. Este modelo ha convertido al país en líder global en el uso de fuentes alternativas de agua para minería. El cambio implicó inversiones millonarias y grandes desafíos técnicos, pero permitió preservar sus reservas de agua dulce, un bien cada vez más escaso en toda la región andina.

En San Juan, el interés por este sistema se intensificó luego de que Jack Lundin, presidente de una de las compañías con proyectos en la provincia, anunciara que estudian traer agua de mar desde Chile para una etapa futura del megaproyecto Vicuña. Si bien en Argentina nunca se aplicó este tipo de solución, el crecimiento de la actividad minera y las nuevas exigencias ambientales abren la posibilidad de replicar la experiencia chilena.

El uso del agua en minería es central para la mayoría de los procesos metalíferos. Desde la lixiviación, donde actúa como vehículo para disolver metales con cianuro o ácido, hasta la flotación, que permite separar partículas con minerales valiosos, el recurso hídrico es indispensable. Además, tiene un rol en la vida cotidiana de los campamentos mineros, donde se utiliza para consumo humano y limpieza.

La experiencia chilena ofrece un ejemplo claro. A partir de 2017, con el Acuerdo de París como marco y una notable reducción de las nevadas, el país modificó su normativa y empujó al sector minero hacia el uso exclusivo de agua desalinizada. Hoy, la mitad del consumo minero proviene del mar y los empresarios ya manejan con naturalidad esta tecnología, luego de un período de aprendizaje y adaptación.

Según Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara de Minería de Chile, el proceso fue complejo, pero ahora los desafíos se han estandarizado. Para Argentina, dice, esto representa una ventaja: se puede aprender de los errores y aciertos del vecino. De hecho, ya existen canales de colaboración técnica y legal entre ambos países que podrían facilitar la adopción del modelo.

Luis de Benito, ingeniero sanjuanino con experiencia en obras de conducción en América y Oriente Medio, explicó que el proceso comienza con la captación de agua en el mar. Esta etapa requiere de tuberías instaladas mar adentro y sistemas de protección ambiental. Luego, el agua se filtra dos veces antes de entrar en la etapa de desalinización, que demanda grandes cantidades de energía eléctrica y genera un subproducto con alta concentración de sales, que debe ser cuidadosamente devuelto al mar.

Una vez desalinizada, el agua se bombea hacia los yacimientos en cordillera. Esto requiere ductos de hasta 300 kilómetros, con tuberías de acero de más de un metro de diámetro, protegidas contra la corrosión y muchas veces instaladas en terrenos con fuertes pendientes. Para vencer estos obstáculos geográficos se necesitan grúas especiales y una planificación técnica de gran precisión.

En muchos casos, los ductos se entierran o atraviesan túneles, dependiendo de la topografía. Los desafíos son aún mayores en zonas como el norte chileno, donde la precordillera se encuentra a pocos kilómetros del mar y los proyectos están ubicados por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Desde Chile aseguran que San Juan tiene ventajas para adoptar este sistema. La existencia de un tratado binacional minero permite establecer normativas comunes y facilita acuerdos entre empresas de ambos países. Además, podría implementarse un modelo de acueductos compartidos desde el inicio, lo que mejoraría la eficiencia y reduciría costos operativos.

Viera Flores remarcó que más allá de la complejidad técnica y económica, el mayor beneficio de este modelo está en su impacto ambiental positivo. Al independizarse del agua dulce, se asegura la sostenibilidad de los proyectos mineros, incluso en escenarios de cambio climático con menos nieve en cordillera. Para el empresario chileno, se trata de “un modelo de negocio que tiene que ver con darle dignidad al planeta, a la sociedad y a las personas”.

Sin embargo, el desafío económico no es menor. Según De Benito, construir una planta desalinizadora con su correspondiente red de transporte puede costar unos 2.000 millones de dólares, una inversión que se suma al costo de puesta en marcha de la mina. Además, el costo operativo también es elevado: entre 10 y 12 dólares por litro, lo que obliga a justificar el sistema con proyectos de alto rendimiento económico.

A pesar de estos costos, hay optimismo respecto de la posibilidad de replicar el modelo chileno en San Juan. Empresas que operan en ambos países ya discuten su implementación y desde el sector empresarial trasandino hay disposición a colaborar. Con la tecnología disponible y la experiencia acumulada, el agua del Pacífico podría convertirse en una solución concreta para el futuro de la minería sanjuanina.