La medida, instrumentada a través de resoluciones de los entes reguladores, no introduce nuevas sanciones ni incrementa de manera directa su cuantía, sino que redefine los mecanismos de valorización para que las penalidades mantengan coherencia con los ingresos regulados de las compañías y reflejen el impacto económico real de los incumplimientos.
En el caso del servicio eléctrico, el nuevo esquema alcanza a las principales distribuidoras y reglamenta la forma en que se convierten en dinero las multas expresadas en kilovatios hora. A partir de ahora, la valorización deja de tomar como referencia el costo del Mercado Eléctrico Mayorista y pasa a basarse en el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio, que refleja los costos propios de las distribuidoras.
Además, se establece la aplicación de un coeficiente específico previsto en los contratos de concesión y se fija como criterio general que las multas se valoricen a la fecha del acto administrativo sancionatorio, y no al momento en que ocurrió el incumplimiento, evitando así su licuación en contextos inflacionarios.
El nuevo reglamento también unifica los criterios para el cálculo de intereses, que se ajustarán según la tasa activa del Banco Nación, e incorpora recargos adicionales en los casos en que las sanciones deban acreditarse a favor de los usuarios y exista mora por parte de la empresa.
Desde el punto de vista operativo, el esquema incorpora herramientas de modernización administrativa, como la implementación de aplicativos digitales que permitirán calcular de forma automática y uniforme tanto el monto de las sanciones como los intereses, reduciendo discrecionalidad y acelerando los procesos.
En cuanto al gas natural, la actualización del régimen sancionatorio establece un sistema diferenciado según el tipo de actor involucrado. Para terceros no prestadores, las multas se ajustarán en función de la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
Para las licenciatarias y subdistribuidoras, en cambio, los montos se recalculan tomando como referencia un porcentaje vinculado a la metodología tarifaria vigente, de modo que las sanciones crezcan en línea con los ingresos que perciben las propias empresas.
El nuevo esquema también endurece los techos sancionatorios en casos considerados de grave repercusión social, como interrupciones críticas del servicio o incumplimientos reiterados tras intimaciones formales, con multas que pueden alcanzar valores significativamente más elevados para forzar respuestas inmediatas.
Esta actualización normativa se produce en un contexto de transición institucional, con la creación de un ente regulador unificado para electricidad y gas, que concentrará las funciones de control bajo una sola estructura.
El objetivo oficial es que, cuando el nuevo organismo esté plenamente operativo, cuente con un sistema sancionatorio digitalizado, con fórmulas claras y automáticas, que refuercen la señal económica de las multas, protejan a los usuarios y obliguen a las empresas a priorizar inversiones, mantenimiento e infraestructura.
Con estos cambios, el Gobierno busca que las penalidades dejen de ser un costo administrativo marginal y se transformen en una herramienta efectiva para mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios públicos esenciales.
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