El Gobierno autoriza la privatización total de Energía Argentina S.A.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei autoriza la privatización de Enarsa mediante la separación de sus unidades de negocio, en un proceso que se desarrollará por etapas. El objetivo principal, según se expone en los considerandos, es asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios que actualmente presta la compañía, al tiempo que se reduce la carga económica para el Estado.

Enarsa fue constituida con el fin de desarrollar, por sí o junto a terceros, actividades vinculadas al estudio, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Actualmente, el 97,94% de sus acciones pertenecen al Estado Nacional, mientras que el resto está en manos de provincias y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El decreto destaca que en 2023 el Estado realizó aportes por más de 1,2 billones de pesos a la empresa, lo que se interpreta como un indicador del elevado costo fiscal que representa su sostenimiento. Esta situación es uno de los argumentos centrales para avanzar en el proceso de privatización.

Como primera etapa, se aprobó la venta del 100% de las acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec S.A.), de titularidad de Enarsa, a través de un concurso público nacional e internacional. Esta sociedad es accionista controlante de Transener S.A., empresa responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión en Argentina.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla un programa de propiedad participada ni preferencias especiales para trabajadores, medidas que fueron utilizadas en privatizaciones anteriores.

Además de su participación en Citelec, Enarsa tiene presencia en una amplia gama de compañías del sector energético, tanto en generación térmica, eólica e hidroeléctrica, como en infraestructura para transporte y servicios. Entre ellas se destacan Enarsa Servicios, Enarsa Patagonia, Termoeléctrica José de San Martín, Termoeléctrica Manuel Belgrano, y varias sociedades hidroeléctricas como Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila.

El Gobierno argumenta que la intervención estatal en sectores que podrían estar en manos privadas no ha sido eficiente, y que la privatización representa el camino más adecuado para mejorar la competitividad y garantizar inversiones.

La iniciativa se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que incluyó a Enarsa entre las empresas sujetas a privatización. También se invocan las leyes 23.696, 24.065 y 24.076, que establecen los marcos normativos para la reforma del Estado y la desregulación de los servicios públicos.

El procedimiento aprobado prevé una segmentación de las unidades de negocio, respetando los diferentes regímenes jurídicos aplicables y procurando no afectar la ejecución de obras ni la prestación de los servicios actuales.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del proceso, y dictará las normas complementarias necesarias para su ejecución. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas continuará prestando asistencia técnica en el marco del proceso.

Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en su plan de reducir la participación estatal en la economía, bajo la premisa de que el sector privado puede ofrecer mejores resultados en términos de eficiencia y rentabilidad. La reacción de las provincias accionistas, los sindicatos y el Congreso será clave en el desarrollo del proceso.

El decreto ya entró en vigencia y será remitido a la Comisión Bicameral del Congreso, conforme a lo dispuesto por la Ley 23.696. De esta forma, comienza una nueva etapa en la historia de una de las principales compañías energéticas del país.