El Gobierno avanza con la privatización de Transener (como primer paso para desarmar Enarsa)

El Gobierno nacional se prepara para concretar esta semana un importante movimiento en su política de desregulación y achicamiento del Estado: la privatización de Transener, la principal transportadora de electricidad del país. Este será el primer paso dentro del plan para desprenderse por completo de los activos de Energía Argentina S.A. (Enarsa), empresa incluida en la Ley de Bases como sujeto de privatización total.

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La decisión se instrumentará mediante un decreto que autorizará la venta de las acciones de Enarsa en Citelec, la compañía que controla Transener. Este proceso incluirá la convocatoria a un concurso público, tanto nacional como internacional, y marcará el inicio de la separación de las distintas unidades de negocio de la empresa estatal.

Transener es una pieza clave del sistema eléctrico argentino: opera más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión que vinculan la generación eléctrica con los centros de consumo. Actualmente, el 50% de Citelec está en manos de Enarsa, mientras que el otro 50% pertenece a Pampa Energía, la empresa liderada por Marcelo Mindlin. En conjunto, estas acciones representan el 51% del paquete accionario de Transener.

A pesar de que Pampa Energía tiene prioridad estatutaria para adquirir la participación estatal, la normativa que el Ejecutivo tiene previsto emitir excluirá esta posibilidad. Además, una disposición de la Ley 24.065 impide que una empresa generadora controle también a una transportista, lo cual refuerza la necesidad de buscar nuevos actores para hacerse con la participación en juego.

Otro marco legal relevante, la Ley 23.696, establece que podrían tener preferencia en el proceso de adquisición los actuales socios o empleados de la empresa, sin embargo, el decreto a publicarse no contemplará esos privilegios. La decisión responde a la intención del Gobierno de maximizar el ingreso de fondos y facilitar un proceso competitivo.

Paralelamente, la Secretaría de Energía se encuentra en la fase final de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que definirá los márgenes de aumentos para los próximos cinco años y los planes de inversión de las empresas del sector. Este contexto podría mejorar la rentabilidad proyectada y aumentar el interés de posibles compradores privados.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, ya había anticipado en diciembre pasado la intención oficial de avanzar con la venta de la participación estatal en Transener antes de mitad de año. Según fuentes del sector, se espera que el proceso quede formalmente iniciado en los próximos días.

Una vez completado este primer paso, el Gobierno continuará con el plan de privatización del resto de los activos de Enarsa, aunque se anticipa que estos procesos serán más complejos. Actualmente, la firma controla unas 17 unidades de negocio, entre ellas las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín, donde comparte propiedad con grandes empresas del sector.

Enarsa también es titular del Gasoducto Perito Moreno, el Gasoducto Norte, y coordina la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. La reactivación de este proyecto dependerá del avance de las gestiones con China, país con el que Argentina mantiene un swap de monedas y acuerdos de financiamiento.

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a acelerar los procesos de privatización y eficiencia del sector público. El caso de Enarsa se inscribe en ese compromiso, que busca mejorar la sostenibilidad fiscal mediante la venta de activos estatales.

La Ley de Bases, recientemente aprobada, habilita la privatización total de Enarsa y de la empresa Intercargo. Asimismo, prevé la posibilidad de concesionar parcialmente empresas como AySA, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales SA. También se abrió la puerta para incorporar capitales privados en Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

La privatización de Transener es solo el primer eslabón de un ambicioso plan del presidente Javier Milei para reconfigurar el rol del Estado en la economía argentina. Con esta decisión, el oficialismo busca mostrar señales claras al mercado y al FMI sobre su voluntad de avanzar en reformas estructurales de fondo.

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