Neuquén y Río Negro reclaman protagonismo en la nueva licitación de las hidroeléctricas

El inminente llamado a licitación de las represas hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén reactivó el debate sobre el control, la renta y el futuro energético en la región. La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, confirmó que este mes se iniciará el proceso licitatorio para definir el destino de los complejos El Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá, cuyos contratos vencieron en mayo de 2023.

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Ante este anuncio, las provincias de Neuquén y Río Negro iniciaron una carrera contrarreloj para garantizar su inclusión en el nuevo esquema de concesión. Ambas jurisdicciones buscan que se reconozca su rol estratégico y se respeten sus derechos sobre los recursos naturales, con una actualización de los ingresos que reciben por la generación de energía.

El ministro de Planificación, Innovación y Modernización de Neuquén, Rubén Etcheverry, fue contundente al señalar que “vamos a exigir que se respeten los derechos de las provincias, sobre todo lo referido a los cánones, ingresos y remuneración, que se encuentran bastante castigados”. A su entender, Nación aún no ha dado respuestas concretas a los planteos regionales.

Las represas involucradas en la licitación producen entre el 12% y el 15% de la electricidad del país. Actualmente operan bajo un régimen de prórroga transitoria habilitado por el Decreto 718/2024, que extendió el control de las empresas originales por hasta un año mientras se define el nuevo escenario de concesiones.

En paralelo, el gobierno nacional avanzó en la creación de cuatro sociedades anónimas bajo el control de Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina. Estas estructuras funcionarán como vehículos legales para facilitar la transferencia accionaria a los nuevos adjudicatarios, en un concurso que será nacional e internacional.

Etcheverry destacó que las actuales operadoras manifestaron su intención de continuar al frente de las represas, pero también hay interés de grupos locales y extranjeros. En ese marco, señaló que “lo central será cómo se define la forma de remuneración de la energía hidroeléctrica a futuro”, y remarcó el valor de esta fuente firme frente a otras alternativas intermitentes como la solar o la eólica.

Desde Río Negro también se alzaron voces críticas por la falta de claridad respecto al rol de las provincias. Las autoridades rionegrinas confirmaron que trabajan de manera conjunta con Neuquén para diseñar una estrategia común, que garantice beneficios concretos para los habitantes de ambas provincias.

Los gobiernos provinciales coinciden en que no debe repetirse el esquema anterior, en el que los recursos energéticos generados en la región no se tradujeron en un impacto positivo local. La intención es que el nuevo modelo incluya mecanismos de compensación, inversiones y participación en la toma de decisiones.

La Secretaría de Energía sostuvo que el proceso licitatorio se orientará bajo una “lógica alineada con el mercado” y que se buscará una transición “eficaz y transparente”. Sin embargo, no se detallaron aún los criterios específicos que regirán la selección de oferentes y la forma de explotación.

Mientras tanto, los tiempos se acortan. Con los contratos vencidos y el futuro del sistema eléctrico en juego, las provincias avanzan con gestiones políticas y técnicas para defender su posición. La clave será incidir a tiempo en los pliegos que definirán el esquema de concesión para las próximas décadas.

La generación hidroeléctrica no solo representa un aporte estratégico al sistema energético nacional, sino también una oportunidad de desarrollo regional. Por eso, desde los gobiernos patagónicos advierten que no aceptarán ser espectadores del proceso.

Neuquén y Río Negro consideran que el control sobre los recursos naturales y la participación en las decisiones energéticas son principios federales que deben respetarse. En ese marco, piden ser escuchados y obtener una compensación justa por su rol clave en la matriz energética del país.
La definición de este proceso marcará un precedente para el modelo energético argentino del futuro. Las provincias buscan que el nuevo esquema no solo garantice eficiencia operativa, sino también justicia territorial y equilibrio federal.

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