Rodríguez Chirillo destacó que el sistema energético actual se encuentra en un estado preocupante, caracterizado por la desinversión, desfinanciamiento e ineficiencia. Para abordar estos problemas, se propone una "nueva conceptualización" de los subsidios, que implica un cambio en la segmentación tarifaria y la implementación de una Canasta Básica Energética.
Esta canasta, aún no detallada en su totalidad, busca garantizar las necesidades básicas de los usuarios, considerando distintos tipos de consumo en diferentes regiones del país. La cantidad de metros cúbicos de gas o kilovatios horas de electricidad permitidas con subsidios se determinará según esta canasta, mientras que el excedente se facturará a tarifa plena.
Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, los usuarios de ingresos medios podrían experimentar aumentos de hasta un 330% en las tarifas de gas, mientras que los de ingresos bajos y altos enfrentarían incrementos del 168% y 204%, respectivamente. En cuanto a la electricidad, se anticipan aumentos del 327%, 129% y 125% para los mismos grupos de ingresos.
El cambio más significativo a partir de abril será la adopción de la Canasta Básica Energética en lugar del criterio actual basado en la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La nueva canasta se centrará en "determinar los ingresos del grupo conviviente" y cubrirá necesidades básicas con diferentes niveles de consumo según las zonas geográficas del país.
Para calcular las futuras facturas, se comparará el costo de las cantidades definidas en la canasta energética con el ingreso del grupo conviviente, limitando la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso total. El Estado subsidiará la diferencia cuando el precio de la canasta energética básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente.
Además, Rodríguez Chirillo propuso una dolarización mensual de las tarifas a partir de marzo, con un traslado gradual del precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para la "adecuación progresiva" de los subsidios. Este traslado se realizaría en tres etapas, comenzando en febrero de 2024 y culminando en abril del mismo año.
El Gobierno nacional argumenta que esta propuesta cumple con los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Cepis, proporcionando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad en los nuevos cuadros tarifarios. Sin embargo, estas generan medidas de incertidumbre y debate sobre su impacto en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico desafiante.
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