Transportadoras de energía eléctrica buscan aumentos de hasta el 255,7%

Según las empresas, estos aumentos propuestos tendrían una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%. Sin embargo, este argumento ha generado preocupación entre los consumidores y la Secretaría de Energía, que advierte sobre subsidios que considera "escandalosos" y señala un sistema de transporte eléctrico saturado.

La Secretaría de Energía no solo alerta sobre la posibilidad de incrementos tarifarios significativos, sino que también destaca el estado crítico del sistema de transporte. Se menciona un retraso en relación con la generación y la demanda, así como obstáculos para la conexión de nuevos proyectos de generación, especialmente aquellos enfocados en energía eólica y solar.

A pesar de que las empresas insisten en que el sistema de transporte representa una pequeña parte de la tarifa final del servicio (1,5% o menos del total), la Secretaría de Energía subraya su papel crucial en la conexión entre la oferta y la demanda, especialmente en un país extenso como Argentina.

Las transportadoras expresaron su inquietud por el retraso en la evolución de la remuneración de sus ingresos, que ha sido, en promedio, la mitad de la inflación en los últimos cuatro años. Este escenario ha llevado a la obsolescencia de las instalaciones y a recortes en inversiones. Por ello, solicitan una readecuación de ingresos antes de la aplicación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), programada para 2025.

Además, las empresas proponen la implementación de un índice de actualización mensual y automático, argumentando que el plazo promedio de pago de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, es de alrededor de 60 días. Asimismo, solicitan que la empresa no incurra en demoras en dichos desembolsos.

Las transportadoras de energía eléctrica en Argentina buscan una readecuación de ingresos, justificada por la necesidad de inversiones para mejorar el sistema de transporte eléctrico. Sin embargo, la controversia surge por la posible repercusión en las tarifas finales y la situación crítica del sistema, lo que pone en jaque la estabilidad del suministro eléctrico en el país. Este tema promete generar debates y tensiones en el panorama energético argentino en los próximos meses.

Las solicitudes de aumentos de hasta el 255,7% por parte de las transportadoras de energía eléctrica han desencadenado un intenso debate sobre la justificación de dichas peticiones y su impacto potencial en los consumidores. Mientras las empresas argumentan que estas medidas son esenciales para mantener y mejorar la infraestructura eléctrica del país, críticos y la Secretaría de Energía expresan su preocupación por posibles efectos adversos en la economía de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde la inflación ya ha generado tensiones económicas. La necesidad de equilibrar la estabilidad financiera de las empresas del sector y la asequibilidad para los usuarios se presenta como un desafío clave que las autoridades deberán abordar con cautela.

Además, la propuesta de las transportadoras de establecer un índice de actualización mensual y automático, así como la solicitud de un plazo más corto en los pagos de Cammesa, plantean interrogantes sobre la sostenibilidad y la transparencia de estas medidas. La implementación de políticas tarifarias que permitan la modernización de la infraestructura eléctrica sin afectar significativamente los bolsillos de los consumidores se convierte en una tarea delicada para las autoridades regulatorias. El desafío reside en encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica de las empresas, la mejora del sistema eléctrico y la protección de los intereses de los ciudadanos, asegurando así un suministro eléctrico eficiente y asequible para toda la población argentina.