YPF elige a Río Negro para la inversión de GNL: un triunfo para la Patagonia

Se trata de un golpe político significativo para el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ahora enfrenta críticas intensas por no haber asegurado esta inversión histórica. Kicillof, posible candidato a la presidencia por el peronismo en 2027, se ve envuelto en una controversia mayor, al perder esta oportunidad monumental para su provincia. Incluso se llegó a acusar al gobernador de mostrar ambigüedades respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un factor crucial para atraer proyectos de esta magnitud.

La elección de Río Negro sobre Buenos Aires da cuenta del gran peso político y técnico que tuvo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a pesar de su carácter nacional. El presidente de YPF, Horacio Marín, había solicitado claramente a ambas provincias en disputa una muestra de buena voluntad al respecto. Mientras que Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, se alineó de inmediato con el RIGI, logrando incluso el apoyo de la Legislatura provincial para exenciones de impuestos, Kicillof optó por redoblar su apuesta con una Ley de GNL menos generosa.

La claridad y contundencia del compromiso de Río Negro fueron garantes para inclinar la balanza a su favor. La consultora Arthur D. Little fue la encargada de evaluar las condiciones técnicas y económicas de ambas locaciones, y aunque Bahía Blanca tenía ciertas ventajas, el RIGI terminó siendo el diferenciador determinante. Según explicó Horacio Marín, las empresas también prestaron atención especial a las condiciones legales, prefiriendo que cualquier disputa se resuelva en jurisdicciones internacionales como Nueva York o el CIADI del Banco Mundial.

En última instancia, el proyecto se llevará a cabo en Punta Colorada, frente al Golfo San Matías, comenzando en 2031. Antes de esa fecha, se instalarán dos barcazas como unidades flotantes de licuefacción. Se estima que las exportaciones alcanzarán los 460 barcos anuales, manejando 120 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, lo que se traducirá en ventas al exterior por unos 15,000 millones de dólares.

Para materializar este proyecto, YPF y Petronas deberán conseguir financiamiento y un comprador a gran escala. Este desarrollo implica casi duplicar la producción actual de gas natural del país, que se sitúa en 135 a 140 millones de metros cúbicos diarios. A pesar de las críticas y el lamento en Buenos Aires, especialmente entre los allegados a Kicillof, se cuestiona que la decisión tuvo un trasfondo político más que técnico. YPF, tras años de considerar a Bahía Blanca como el punto estratégico, ve ahora un panorama completamente distinto.

Incluso la decisión inicial de asociarse con Petronas en 2022 para instalar la planta en Bahía Blanca queda relegada al recuerdo. El apoyo de los gobernadores patagónicos y los sindicatos petroleros dio a Río Negro una base de apoyo crítico a nivel político. Esta decisión marca una nueva etapa para la provincia y representa un hito significativo en la infraestructura energética del país.

Esta inversión en la Patagonia no solo destaca por su magnitud económica, sino también por su potencial para transformar la región en un hub energético clave para el país. La planta de GNL en Punta Colorada está proyectada para generar miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo local y mejorando la infraestructura de la zona. Además, se espera que la exportación de gas natural licuado posicione a Argentina como un jugador importante en el mercado energético global, diversificando sus fuentes de ingresos y fortaleciendo su balanza comercial.

La elección de Río Negro sobre Buenos Aires subraya la importancia de políticas claras y favorables para atraer inversiones de gran envergadura. El compromiso de la provincia con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y el apoyo legislativo para exenciones fiscales fueron factores decisivos en la decisión final. Este caso puede servir como ejemplo para otras regiones del país sobre la necesidad de crear condiciones propicias para el desarrollo de proyectos de infraestructura significativos, demostrando que con una estrategia bien definida y un entorno legal adecuado, es posible atraer inversiones millonarias que beneficien a toda la comunidad.