Entre los puntos principales de la normativa, se exige que las compañías mineras informen a la Municipalidad sobre las empresas contratadas y subcontratadas, detallando la residencia de sus empleados. Asimismo, se establece que el 70% del personal debe ser oriundo del departamento Iglesia, y las empresas deberán aportar fondos para la capacitación de los trabajadores locales, quienes serán gestionados a través de la Oficina de Empleo.
La ordenanza también impone condiciones para la contratación de proveedores locales, exigiendo que las firmas iglesianas participen en licitaciones cada seis años, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos. Además, se promueve la creación de un sistema de becas para estudiantes secundarios que deseen continuar con estudios superiores, y la formación de una Mesa de Trabajo de Minería que integre a diversos actores de la comunidad.
Como parte de la estructura institucional, se crea el "Organismo Minero Municipal", que funcionará como una secretaría y estará a cargo de un ingeniero en Minas. Este organismo contará con tres subsecretarios especializados en minería, medio ambiente y otras áreas relacionadas.
Aunque la nueva ordenanza busca fortalecer la regulación local de la minería, ha despertado críticas por parte de quienes consideran que se omiten temas clave, como la falta de transparencia en el uso de las regalías mineras recibidas en el pasado.
La aprobación de la ordenanza N° 2059 marca un cambio significativo en la relación entre el municipio de Iglesia y las empresas mineras, un sector que ha sido objeto de controversia en la región durante décadas. Históricamente, el Concejo Deliberante ha enfrentado tensiones entre ediles que abogan por una mayor regulación y aquellos que temen las repercusiones legales de una legislación restrictiva. Con la nueva normativa, el enfoque parece haberse desplazado hacia una mayor regulación y un intento de asegurar que los beneficios económicos de la minería se distribuyan entre la comunidad local.
La normativa también resalta la importancia de la capacitación y la inversión en el capital humano local. Al establecer que un porcentaje significativo del personal contratado debe ser de Iglesia, la ordenanza no solo busca generar empleo, sino también fomentar el desarrollo de habilidades que podrían beneficiar a la comunidad a largo plazo. La inclusión de aportes para la educación de estudiantes locales en la normativa demuestra un compromiso por parte del municipio para invertir en el futuro de sus habitantes, preparándolos para un mercado laboral que evoluciona rápidamente.
Sin embargo, la implementación de esta ordenanza será clave para su éxito. Las empresas mineras deberán adaptarse a estas nuevas exigencias y demostrar un compromiso real con la comunidad, más allá de las obligaciones legales. La creación de la Mesa de Trabajo de Minería, que incluirá la participación de distintos sectores, será fundamental para coordinar esfuerzos y asegurar que las medidas adoptadas sean efectivas. Además, la vigilancia por parte de la nueva Oficina de Empleo será crucial para garantizar que se cumplan las regulaciones y se protejan los derechos de los trabajadores locales, lo que podría establecer un nuevo estándar en la relación entre el municipio y la industria minera.
El municipio de Iglesia en San Juan impone nueva normativa para la actividad minera
El Concejo Deliberante del departamento Iglesia, en la provincia de San Juan, aprobó una nueva ordenanza con el objetivo de regular la actividad minera en la región. Esta normativa, la N° 2059, fue sancionada por unanimidad el pasado 20 de septiembre tras un largo debate en comisiones. La iniciativa, impulsada por el concejal Enrique Muñoz del bloque Somos Integración, introduce una serie de condiciones vinculadas al empleo local, las capacitaciones, el uso de proveedores y la creación de un organismo municipal minero.
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