Preocupación en el sector minero por el aumento de regalías provinciales y modificaciones al RIGI

El punto más controvertido es la propuesta del senador santacruceño José María Carambia de incrementar las regalías provinciales máximas del 3% al 15%, propuesta que, aunque finalmente se redujo a un tope del 5%, ha dejado un sabor amargo en el sector. Según varios empresarios y ex dirigentes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), esta medida no tiene un sustento lógico y podría desincentivar las inversiones en el país.

Los cambios al RIGI, que ahora permiten a las provincias decidir si adherirse o no al régimen, también imponen nuevas obligaciones a los inversores. Las empresas deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local, además de evitar distorsionar el mercado con importaciones innecesarias. Aunque estas medidas buscan fomentar el desarrollo local, generan incertidumbre sobre su impacto real en la competitividad de los proyectos.

La reacción en el sector ha sido inmediata. Los asesores legales y gerentes financieros de las empresas mineras están evaluando cómo estos cambios afectarán sus operaciones. Un ejecutivo de un proyecto de oro en reactivación expresó su preocupación por el aumento de la carga impositiva, mientras que un consultor con décadas de experiencia criticó el uso de incentivos e impuestos como moneda de cambio en la aprobación de leyes, argumentando que esto perjudica el desarrollo industrial y económico del país.

En términos comparativos, Argentina ya enfrenta una de las presiones impositivas más altas del mundo en el sector minero, con un 50,8%, muy por encima de países competidores como Chile (38,5%) y Perú (44,3%). Según un informe de la CAEM, esta alta carga fiscal reduce la viabilidad económica de los proyectos mineros y podría ahuyentar futuras inversiones.

El futuro de la industria minera argentina depende ahora de cómo se implementen y ajusten estas nuevas regulaciones. Las empresas continúan analizando los cambios y evaluando sus estrategias, mientras que el sector observa con cautela las decisiones políticas que, aunque buscan fomentar el desarrollo local, podrían poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de los proyectos mineros en el país.

Un aspecto crucial de este debate es la percepción de los inversores extranjeros. La decisión de BHP de desistir de la compra de la minera Anglo por 49.000 millones de dólares refleja el alivio que sienten los inversores ante la inestabilidad fiscal en la región. Las empresas que contemplan invertir en Argentina ahora enfrentan un entorno más incierto y desafiante, lo que podría llevarlas a reconsiderar sus planes. La necesidad de estabilidad y previsibilidad en las políticas fiscales es fundamental para atraer y retener inversiones en sectores estratégicos como la minería.

En este contexto, la presión de entidades locales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y otros organismos industriales ha sido un factor determinante en la configuración de las nuevas políticas. Estas organizaciones buscan asegurar que las inversiones extranjeras beneficien a las cadenas de producción locales, pero el desafío radica en equilibrar estos intereses con la competitividad global de la industria minera. A medida que se acerca el debate en el recinto el próximo 12 de junio, las empresas mineras continúan analizando los cambios y ajustando sus estrategias para adaptarse a un panorama fiscal en constante evolución.