El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley con múltiples medidas para el sector energético que propone derogar regímenes históricos de incentivo a la producción de petróleo y gas, en el marco de una reconfiguración del esquema de promoción basado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a dejar sin efecto herramientas que fueron clave en el desarrollo inicial de Vaca Muerta, bajo el argumento de que el nuevo marco regulatorio ya ofrece condiciones suficientes para atraer inversiones.
Entre las normas alcanzadas se encuentra el decreto 929/2013, conocido como “decreto Chevron”, que permitió el desembarco de la petrolera estadounidense en asociación con YPF para el desarrollo del área Loma Campana, hoy uno de los principales polos productivos del país.
Ese régimen establecía beneficios como la libre disponibilidad del 20% de la producción para exportación sin retenciones, siempre que los proyectos superaran los 1.000 millones de dólares de inversión en un plazo de cinco años.
También quedarían sin efecto los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, que extendieron esos incentivos a proyectos de menor escala, así como el decreto 277/2022, que facilitó el acceso a divisas para producción incremental de petróleo y gas en un contexto de restricciones externas.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas herramientas “fueron adecuadas en su momento”, pero consideran que ya no son sostenibles fiscalmente y que generan distorsiones frente al nuevo esquema que propone el RIGI, orientado a grandes inversiones con estabilidad jurídica de largo plazo y acceso garantizado a divisas.
En ese sentido, el Gobierno plantea que el RIGI reemplaza la lógica de beneficios específicos por un marco integral que busca dar previsibilidad a largo plazo, en un contexto de apertura económica y mayor alineamiento con los mercados internacionales.
No obstante, el proyecto contempla una transición: los beneficiarios del decreto 929/2013 podrán mantener el derecho a exportar el 20% de su producción sin retenciones, respetando las condiciones originales de sus inversiones.
El proyecto también incluye otras medidas relevantes, como la reducción de subsidios en zonas frías —ampliados en 2021— y la regularización de deudas cruzadas con distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur.
En paralelo, se propone extender los beneficios del régimen de promoción de energías renovables, que garantiza estabilidad fiscal por 20 años, en línea con la estrategia de diversificación de la matriz energética.
La decisión marca un cambio de paradigma en la política energética: pasar de incentivos focalizados, diseñados en contextos de alta incertidumbre, a un esquema más amplio que busca consolidar reglas homogéneas para grandes proyectos de inversión.
En términos de Vaca Muerta, la medida reabre el debate sobre el rol del Estado en la promoción del desarrollo no convencional, en un momento en que la formación atraviesa una etapa de expansión, pero aún enfrenta desafíos estructurales en infraestructura, competitividad y acceso a mercados internacionales.
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