El boom del cobre sacude a la Argentina: prometen US$ 40.000 millones pero nadie explicó cómo se construirá lo que falta

La minería argentina vivió esta semana uno de los momentos de mayor expectativa de su historia reciente durante la Expo San Juan Minera 2026. El evento reunió a gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios, inversores y referentes internacionales del sector en medio de anuncios de inversión que superan los 40.000 millones de dólares vinculados al cobre. La presencia directa de la Casa Rosada terminó de confirmar el nuevo peso político que adquirió la actividad dentro de la agenda económica nacional. Sin embargo, detrás de la euforia por los proyectos apareció una pregunta que nadie logró responder completamente: cómo se construirá toda la infraestructura que todavía no existe.

La exposición organizada por Panorama Minero se convirtió en la mayor feria minera realizada hasta ahora en el país. San Juan reunió durante varios días a las compañías más importantes del sector cuprífero, junto a funcionarios provinciales y nacionales que buscaron mostrar una imagen de respaldo político total a la actividad. El evento estuvo atravesado por discursos optimistas sobre exportaciones, empleo y crecimiento económico. Pero también dejó expuestas tensiones estructurales vinculadas a energía, rutas, logística y financiamiento.

El fenómeno climático del viento zonda terminó funcionando casi como una metáfora involuntaria del momento que atraviesa la minería argentina. El miércoles por la noche, fuertes ráfagas derribaron árboles, volcaron camiones y dejaron sin energía eléctrica a gran parte de la ciudad de San Juan. La feria quedó parcialmente destruida, con estructuras dañadas y lonas arrancadas por el temporal. Aun así, la organización trabajó durante toda la madrugada y logró reactivar las actividades apenas dos horas después de lo previsto.

En medio de ese escenario, el denominado Argentina Copper Sessions reunió a los principales ejecutivos de las compañías que lideran los proyectos de cobre más ambiciosos del país. Allí se habló de inversiones históricas, crecimiento exportador y un futuro donde Argentina podría transformarse en uno de los principales productores globales de cobre. Según las proyecciones difundidas durante el encuentro, las exportaciones mineras podrían superar los 20.000 millones de dólares anuales a partir de 2035. Actualmente, el sector genera alrededor de 4.000 millones de dólares por año.

Uno de los datos más impactantes del evento fue la cifra vinculada a las inversiones proyectadas. Entre los distintos desarrollos cupríferos anunciados, el monto total supera los 40.000 millones de dólares para la próxima década. Los proyectos se concentran principalmente en San Juan, aunque también involucran a provincias como Catamarca, Jujuy y Mendoza. El cobre aparece hoy como uno de los minerales estratégicos más demandados a nivel mundial por la transición energética y la electrificación global.

La presencia de Karina Milei terminó de consolidar el peso político que el Gobierno nacional busca darle a la minería. La funcionaria encabezó el lanzamiento de la Mesa Federal Minera junto al secretario de Minería, Luis Lucero, y varios gobernadores provinciales. Participaron además figuras del oficialismo como Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli. El acto buscó mostrar coordinación política y apoyo institucional al desarrollo minero.

Durante el encuentro, Karina Milei apuntó contra gobiernos anteriores y aseguró que Argentina no había sabido aprovechar su potencial minero. La funcionaria destacó el ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como pilares centrales para atraer inversiones internacionales. El discurso oficial estuvo fuertemente alineado con la idea de generar condiciones favorables para el capital privado. Sin embargo, hubo pocas definiciones concretas sobre infraestructura, empleo o proveedores locales.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, sostuvo que la minería atraviesa un “momento bisagra” impulsado por tres factores: el ordenamiento macroeconómico, el RIGI y los cambios vinculados a la Ley de Glaciares. El dirigente empresario remarcó que ahora el desafío pasa por transformar las inversiones en empleo y desarrollo económico. También señaló que el escenario actual genera condiciones ideales para la llegada de capitales internacionales. Aun así, el debate sobre cómo financiar las obras necesarias quedó prácticamente abierto.

Uno de los episodios más llamativos del evento fue la exclusión del líder sindical de Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace. Aunque estaba invitado oficialmente, no pudo ingresar a una de las reuniones políticas más importantes del encuentro debido al estricto protocolo de seguridad presidencial. La situación generó sorpresa dentro del sector y dejó al principal gremio minero afuera de una mesa clave para discutir el futuro de la actividad. El episodio expuso también ciertas tensiones internas vinculadas a la representación laboral dentro del nuevo escenario minero.

Los tres principales proyectos cupríferos presentes en el evento coincidieron en una preocupación común: la infraestructura. Vicuña Corp, el megaproyecto conjunto entre BHP y Lundin Mining, necesita unos 18.000 millones de dólares para su construcción. Sin embargo, pocos días antes del evento había sufrido un bloqueo judicial sobre una ruta clave en territorio riojano. El conflicto paralizó parte de su logística y dejó en evidencia la fragilidad operativa que todavía existe alrededor de estos desarrollos.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, confirmó que la empresa debió reevaluar el estado de los caminos tras levantarse la medida judicial. Mientras tanto, desde Glencore plantearon una postura contundente sobre el financiamiento de infraestructura. Su CEO local, Martín Pérez de Solay, sostuvo que las mineras no deberían asumir ese costo porque los retornos son menores a los del negocio extractivo. Según explicó, el sector privado debería aportar demanda y contratos, mientras que empresas especializadas se encarguen de construir las obras.

La postura fue diferente en el caso de McEwen Copper y su proyecto Los Azules. Su vicepresidente, Michael Meding, aseguró que las empresas sí deben participar activamente en el financiamiento de infraestructura porque el Estado no tiene capacidad suficiente para hacerlo solo. El proyecto, que ya cuenta con aprobación dentro del RIGI, busca financiamiento por unos 4.000 millones de dólares. Además, propuso desarrollar sistemas eléctricos compartidos entre distintos proyectos mineros de la provincia.

Otro de los mensajes más fuertes del evento llegó desde Barrick Mining. Marcelo Álvarez advirtió que lo que viene para San Juan “es diez veces más grande que Veladero”. La frase buscó reflejar la magnitud de la transformación económica y social que podría atravesar la provincia si se concretan los proyectos anunciados. Pero también funcionó como una advertencia sobre los desafíos que eso implica en términos de infraestructura, diálogo social y licencia ambiental.

Desde el sector minero reconocen que el entusiasmo político y empresarial todavía no garantiza consenso social automático. Las empresas entienden que deberán construir legitimidad social en paralelo al avance de las inversiones. La necesidad de generar empleo local, proveedores regionales y obras concretas aparece como una de las principales demandas de las comunidades. Mientras tanto, el cobre sigue alimentando expectativas gigantescas sobre el futuro económico argentino. La pregunta que quedó flotando en San Juan es si el país podrá construir a tiempo todo lo que necesita para transformar esos anuncios en realidad.