El Congreso Argentino avanza con nuevas leyes para impulsar el sector energético

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra una nueva ley para incentivar las inversiones en energías renovables. La actual normativa, sancionada en 2015, expira a finales de este año y, aunque no se alcanzará la meta del 20% de energía renovable en la matriz eléctrica, el consumo podría aproximarse al 18% en 2025.

El nuevo marco normativo busca garantizar estabilidad fiscal y contractual, evitando la creación de nuevos impuestos, como los aplicados al uso de recursos naturales. Además, el sector privado sugiere establecer un objetivo del 30% de consumo de energías renovables para 2035, aunque los legisladores no contemplan imponer un cupo obligatorio.

Otro de los proyectos destacados es la creación de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) adaptado al hidrógeno. Este marco regulatorio incluirá tanto el hidrógeno "verde", producido con energías renovables, como el "azul", derivado del gas natural, aprovechando los recursos de Vaca Muerta.

El actual RIGI requiere que el 40% de las divisas de las inversiones se liquiden en los primeros dos años, lo cual resulta incompatible con el largo tiempo de maduración que exige la industria del hidrógeno, estimado entre 10 y 12 años. Este ajuste busca atraer capitales mediante reglas claras y previsibilidad, más allá de los incentivos fiscales.

En paralelo, el Congreso también discutirá una ley para la trazabilidad de las emisiones de carbono. Este proyecto responde a la creciente demanda internacional de productos con bajo impacto ambiental, certificando emisiones mediante declaraciones juradas y la posibilidad de crear un mercado de bonos de carbono.

La propuesta, que cuenta con aportes de exfuncionarios del área energética, podría posicionar a Argentina como un actor competitivo en mercados que valoran la sostenibilidad. Sin embargo, dentro del Gobierno se manifiestan posturas críticas hacia la narrativa global sobre el cambio climático, apostando por un futuro prominente para el petróleo.

Por su parte, los biocombustibles también tendrán un lugar destacado en la agenda legislativa. La nueva normativa obligará a las petroleras a incrementar el porcentaje de biodiésel en el gasoil al 10% y de bioetanol en la nafta al 15% para 2027, frente al 7,5% y 12% actuales, respectivamente.

Este cambio busca dar mayor protagonismo a los biocombustibles en la matriz energética nacional, fortaleciendo la industria local y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. No obstante, el sector deberá enfrentar el desafío de adaptar su infraestructura y garantizar la competitividad de los productos.

En este contexto, los legisladores destacan la importancia de generar un entorno de estabilidad y confianza para atraer inversores y potenciar las oportunidades en el sector energético. Las reformas no solo buscan beneficios económicos, sino también alinear las políticas energéticas de Argentina con las exigencias ambientales internacionales.

El tratamiento de estos proyectos marcará un punto de inflexión para el desarrollo energético del país. Las iniciativas buscan garantizar la continuidad de sectores clave, promover nuevas inversiones y posicionar a Argentina como un actor relevante en la transición energética global.

Los desafíos son significativos, pero la oportunidad de consolidar un sector energético diversificado y sostenible podría traer beneficios económicos y ambientales a largo plazo. La atención estará puesta en el debate parlamentario y en la capacidad de los legisladores para consensuar marcos normativos que equilibren los intereses públicos y privados.