El funcionario explicó que los incrementos aplicados durante 2024 permitieron avanzar significativamente en la recomposición tarifaria, lo que dejó cierto margen para moderar el ajuste en un año electoral. González remarcó que “si no pagamos por la energía lo que cuesta, vamos a tener menos energía”, y vinculó el actual estado del sistema energético con decisiones adoptadas en las últimas dos décadas.
El tipo de cambio tuvo una evolución significativa en julio, con un aumento superior al 13%, lo que encareció los costos de generación eléctrica y de provisión de gas. Sin embargo, el Gobierno optó por postergar el traslado de ese aumento a las tarifas, lo que implicó un mayor esfuerzo en materia de subsidios para mantener las facturas sin subas bruscas.
González detalló que desde el inicio de la actual gestión, encabezada por Javier Milei, se buscó recomponer dos componentes clave de las tarifas: el costo real de la energía y la retribución a las empresas prestadoras de servicios públicos. “No teníamos el lujo de ocuparnos de una y no de la otra. El atraso era enorme en ambas”, sostuvo.
El secretario señaló que al asumir el Gobierno, la demanda cubría apenas el 30% del costo de la energía, mientras que actualmente ese porcentaje asciende al 80% en promedio. Este proceso de recomposición se llevó a cabo en paralelo con una fuerte política de reducción del gasto público, particularmente en subsidios.
Según González, los subsidios energéticos llegaron a representar más del 2% del PBI, y durante los últimos 20 años Cammesa destinó más de US$ 100.000 millones a sostener el precio de la energía eléctrica. “Hoy los subsidios son 0,5 o 0,6% del PBI, entonces nos podemos dar el lujo, dado que el trabajo más grueso ya lo hicimos, de ser un poquito más selectivos en cómo seguimos evolucionando en cuanto a la reducción de subsidios”, afirmó.
Además, el funcionario destacó que una tarifa adecuada es clave para promover inversiones privadas en infraestructura. En ese sentido, anticipó que el Gobierno planea avanzar con la concesión de obras públicas bajo esquemas de participación del sector privado. La primera de estas obras sería AMBA I, que se espera licitar antes de fin de año o a comienzos de 2026.
González mencionó también otras iniciativas de infraestructura energética previstas, como una línea de transporte que conectará Diamante (Cuyo) con Charlones, y otra que unirá el sur del país, desde Puerto Madryn hasta Bahía Blanca, pasando por Choele Choel. Estas obras buscarán mejorar la capacidad de evacuación y distribución del sistema eléctrico nacional.
El plan oficial, según se desprende de sus declaraciones, apunta a sostener la reducción del peso de los subsidios energéticos sin comprometer la estabilidad de las tarifas para los usuarios finales. Al mismo tiempo, el Gobierno busca generar condiciones que atraigan al capital privado para financiar proyectos estratégicos.
La evolución de los precios de la energía seguirá sujeta a variables clave como el tipo de cambio, la inflación general y la demanda del sistema. Pero desde la cartera energética insisten en que los incrementos serán graduales y en sintonía con la capacidad de pago de los usuarios, en un esquema que busca consolidar la sustentabilidad fiscal y energética.
Durante su exposición, González reafirmó que el modelo elegido prioriza la asignación eficiente de los recursos y una mayor responsabilidad del sector privado en la expansión del sistema energético. A su vez, reconoció que aún quedan desafíos pendientes en la calidad del servicio y la cobertura, que requerirán inversiones de largo plazo.
El Amcham Energy Forum se consolidó como un espacio clave para el debate entre actores públicos y privados sobre el presente y el futuro del sector energético argentino. La participación del Gobierno en este tipo de eventos busca enviar señales de previsibilidad a los inversores y reforzar el rumbo elegido en materia tarifaria y de infraestructura.
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