El Gobierno avanza en la privatización de activos energéticos clave: los detalles del plan

La reciente decisión de vender la participación estatal en Transener, principal transportadora de alta tensión del país, refleja la estrategia de dividir y transferir progresivamente activos al sector privado. Este movimiento responde a la Ley Bases, que habilita la privatización total de cuatro empresas estatales, incluyendo a Enarsa.

Enarsa administra cerca de diez unidades de negocio, entre ellas plantas de generación eléctrica, infraestructura de transporte de gas y proyectos de energías renovables. Según el Gobierno, la gestión privada podría optimizar estos recursos y solventar los déficits operativos que enfrenta el sistema energético nacional.

El déficit operativo de Enarsa en 2023 superó los $ 710.000 millones, una cifra atribuida principalmente a la compra de gas natural licuado (GNL) para atender la demanda invernal. Este gasto, sin embargo, comenzó a disminuir tras la puesta en marcha del gasoducto de Vaca Muerta, que incrementó la capacidad de transporte y suministro de gas nacional.

Además de Transener, Enarsa participa en Transba, responsable del transporte troncal de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. También posee la mayoría accionaria en dos centrales termoeléctricas: San Martín en Santa Fe y Manuel Belgrano en Buenos Aires.

La compañía estatal controla un 98% de Enarsa Servicios, entidad clave en la construcción del gasoducto a Vaca Muerta y proyectos asociados. También tiene una participación mayoritaria en Enarsa Patagonia, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos en el sur del país, así como en parques eólicos y otras iniciativas de energía renovable.

Creada en 2004 como una “nueva YPF estatal”, Enarsa se ha diversificado en distintos frentes, incluyendo la importación de combustibles, la construcción de infraestructuras estratégicas y la generación de electricidad. No obstante, su rol se ha visto cuestionado por dificultades financieras y paralización de proyectos, como las represas de Santa Cruz, cuya finalización depende de un acuerdo con China.

En 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, Enarsa cambió su denominación a Integración Energética Argentina, consolidando activos y priorizando la venta de participaciones no mayoritarias. Sin embargo, la administración de Alberto Fernández restauró su nombre original y buscó fortalecer su rol estatal.

El actual plan de privatización apunta a reducir la dependencia estatal en proyectos energéticos y transferir la gestión a inversores privados. Según funcionarios del área, como Daniel González y María Tettamanti, esta transición busca fomentar la expansión del sistema energético y garantizar su sostenibilidad.

El proceso de privatización también incluye la venta de activos en parques eólicos y proyectos de exploración petrolera, así como la transferencia de infraestructura clave para la exportación de gas a países vecinos.

El avance hacia la privatización total de Enarsa plantea interrogantes sobre el impacto en la soberanía energética y el rol del Estado en sectores estratégicos. Sin embargo, para el Gobierno, esta medida es una oportunidad para aliviar el déficit fiscal y dinamizar la inversión privada en un sector crucial para la economía nacional.

Este movimiento podría redefinir el mapa energético de Argentina, con implicancias significativas para las provincias y las empresas que actualmente participan en la gestión conjunta de los recursos energéticos del país.