Chubut adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (pero excluye la actividad minera)

La Legislatura del Chubut aprobó, con 18 votos a favor y 9 en contra, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley Nacional 24.742. Sin embargo, la norma aprobada exceptúa explícitamente a las actividades mineras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la ley provincial.

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El proyecto de ley 175/24, que fue presentado por el diputado Luis Juncos del bloque Despierta Chubut, pasó por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde recibió dictamen favorable antes de ser debatido en la Cámara. La ley provincial, que consta de solo cuatro artículos, establece en su primer artículo la adhesión al RIGI, mientras que en el segundo se excluyen las actividades mineras, actualmente reguladas por la Ley 5.001, vigente en la provincia. El tercer artículo designa al Ministerio de la Producción como la autoridad de aplicación de la ley, y el cuarto invita a los municipios a adherirse al régimen.

Durante el debate, Juncos destacó la importancia del RIGI como un marco regulatorio que busca atraer grandes inversiones, con montos superiores a los 200 millones de dólares, mediante incentivos a largo plazo. El diputado subrayó que el régimen no es nuevo, mencionando antecedentes como la Ley Guinle, que promovió inversiones en energía eólica con incentivos fiscales.

Desde el oficialismo, se enfatizó la necesidad de generar empleo y atraer inversiones en un contexto donde muchas grandes empresas, principalmente extranjeras, se han retirado del país en los últimos años. Los legisladores oficialistas también criticaron las políticas nacionales que han acercado a Argentina a países como Rusia, Cuba, Irán y Venezuela, cuestionando el impacto de estas relaciones en la economía nacional.

Por su parte, la oposición expresó preocupaciones sobre el impacto del RIGI en la economía local. Cuestionaron que el régimen permite a los grandes inversores importar y exportar sin aranceles, lo que podría generar competencia desleal con los empresarios locales que invierten en la región y generan empleo en Chubut. Además, los opositores señalaron que la Ley Nacional Bases no obliga a los inversores a compartir infraestructura, lo que consideran una deficiencia en la protección del interés público. También criticaron que el RIGI pone énfasis en las inversiones, pero no en el cuidado del medio ambiente, sugiriendo que Chubut necesita un régimen especial enfocado en la energía eólica en lugar de una simple adhesión a un régimen nacional.

En definitiva, aunque Chubut se adhirió al RIGI, la exclusión de la actividad minera refleja las tensiones y las preocupaciones locales sobre el impacto de las grandes inversiones en la economía y el medio ambiente de la provincia.

El debate sobre la adhesión de Chubut al RIGI también ha puesto de relieve la creciente preocupación por la sostenibilidad y el impacto ambiental de las grandes inversiones. Mientras que algunos legisladores y sectores del oficialismo ven el RIGI como una oportunidad para revitalizar la economía provincial y atraer capitales extranjeros, otros consideran que la exclusión de la minería y la falta de un enfoque en la protección ambiental son defectos graves del régimen. La crítica sobre la competencia desleal y la falta de mecanismos para compartir infraestructura plantea interrogantes sobre cómo el régimen puede equilibrar el fomento a las inversiones con la necesidad de proteger y desarrollar la economía local de manera equitativa.

A nivel local, la decisión de excluir a la minería del RIGI podría tener implicaciones significativas para el futuro económico de Chubut. La minería ha sido una fuente importante de ingresos y empleo en la provincia, y su exclusión del régimen podría reflejar un cambio en las prioridades políticas y económicas. Este ajuste en las políticas de incentivo sugiere un intento de ajustar el marco regulatorio a las necesidades específicas de la región, en un contexto de crecientes demandas por un desarrollo más sostenible y justo. La implementación efectiva de la ley y la reacción de los inversores y las empresas locales serán claves para determinar el impacto real de esta adhesión en la economía de Chubut.v

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