En el ámbito de la minería, el DNU derogó dos leyes: la Ley N° 24.523, que estableció el Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695, que creó el Banco Nacional de Información Minera. Según el Gobierno, estas leyes estaban desactualizadas y no operativas, ya que las principales normas que rigen la minería son el Código Minero y las disposiciones del Régimen Tributario General.
En cuanto a la energía, el decreto dejó sin efecto cuatro decretos, una ley completa y 22 artículos del Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable. Entre las medidas más destacadas, se derogó la Ley N° 25.822, que ponía en marcha el "Plan Federal de Transporte Eléctrico". Además, se eliminarán decretos relacionados con contratos de abastecimiento de combustibles y cambios en contratos de exportación de energía eléctrica.
El DNU también anunció el fin de los subsidios a la electricidad y el gas. La Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, tendrá la facultad de redeterminar la estructura de subsidios para garantizar el acceso al consumo básico y esencial, considerando un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente. Este cambio busca revisar las leyes de energía eléctrica, hidrocarburos y regulación del transporte y distribución del gas natural.
El artículo 177 del decreto destaca que la privatización de empresas públicas o la desvinculación del Estado de sociedades anónimas mejorará la transparencia y el gobierno corporativo, permitiendo incluso la transferencia de acciones a los empleados en ciertos casos.
El DNU también incluye disposiciones sobre servicios esenciales y trascendentales, estableciendo porcentajes mínimos de cobertura en caso de conflictos colectivos en sectores como gas, combustibles, energía eléctrica y minería.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70 emitido por el presidente Javier Milei marca un cambio significativo en el panorama de la energía y la minería en Argentina. Este decreto revoca dos leyes mineras y seis leyes energéticas, al mismo tiempo que impulsa la revisión de los subsidios al consumo de energía eléctrica y gas natural. Además, se autoriza la privatización de diversas empresas estatales o con participación del Estado, como Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Dioxitek SA, YPF SA, Y-TEC, Energía Argentina SA (IEASA), y Nucleoeléctrica Argentina SA Este movimiento busca transformar las empresas estatales en sociedades anónimas, buscando mejorar la transparencia y el gobierno corporativo, así como facilitar la transferencia de acciones a los empleados.
El DNU también establece disposiciones relacionadas con los servicios esenciales y trascendentales, como gas, combustibles, energía eléctrica y minería. En caso de conflictos colectivos, se asegura que la cobertura de servicios estos no podrá ser menor al 75% en el caso de la energía eléctrica y el gas, y al 50% para la minería. Esta medida tiene como objetivo garantizar la continuidad de estos servicios vitales para la sociedad. Además, el DNU aborda específicamente la derogación de leyes relacionadas con la minería, como la Ley N° 24.523 y la Ley N° 24.695, argumentando que estas normativas estaban subdesarrolladas y no tenían un impacto significativo en la actividad minera.
Otro aspecto crucial del decreto es la derogación de decretos y leyes en el sector energético. Se eliminan cuatro decretos, una ley completa y 22 artículos del Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable. Esto incluye la derogación de normativas como el Decreto N° 1.060/00, que establecía plazos máximos para los contratos de abastecimiento exclusivo de combustibles, y el Decreto N° 311/06, que otorgaba préstamos reintegrables del Tesoro Nacional al fondo unificado. Además, se pone fin a los subsidios a la electricidad y el gas, facultando a la Secretaría de Energía para redeterminar la estructura de subsidios y garantizar el acceso al consumo básico y esencial para los usuarios finales, considerando un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente. Este cambio tiene como objetivo alinear los subsidios con criterios más específicos y sostenibles.
El decreto de Milei marca un giro importante en la política energética y minera del país, promoviendo la desregulación y la apertura a la participación del sector privado, aunque no exento de críticas y debates sobre sus posibles impactos a largo plazo.
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