Cammesa impone el régimen más estricto a distribuidoras eléctricas morosas

Entre las principales empresas morosas se encuentran Edenor, Edesur, Edelap, Ede, y Edes, entre otras. A pesar de varias negociaciones y planes de pago implementados en los últimos dos años, la deuda sigue sin resolverse de manera efectiva. Las distribuidoras han dejado de pagar a Cammesa en múltiples ocasiones, financiándose con esos recursos sin sufrir cortes en el servicio.

Con la reciente recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD) autorizada por el Gobierno de Javier Milei, el Ejecutivo busca ahora aplicar medidas más drásticas, como el corte de suministro a las distribuidoras incumplidoras. Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia en el sector privado. Fuentes del sector advierten que la implementación de cortes podría desencadenar una serie de medidas cautelares, complicando aún más la situación.

Expertos señalan que el problema de fondo es jurisdiccional y depende de cada provincia. Argumentan que cortar el suministro a las distribuidoras no es una solución viable, ya que probablemente resulte en amparos judiciales que revertirían la medida, perjudicando al usuario final. La solución propuesta por los especialistas consiste en encontrar mecanismos para que las provincias y municipios se comprometan a pagar sus facturas mayoristas, reduciendo así la morosidad de las distribuidoras.

A pesar de que los clientes están obligados a pagar sus facturas, el sistema actual falla en la relación entre las distribuidoras y el mercado mayorista. Cortar el servicio a las distribuidoras es visto como una medida de "poca efectividad" y de corto plazo.

Es importante recordar que la Secretaría de Energía publicó recientemente la resolución 58/2024, la cual establece los criterios para reestructurar la deuda del Estado con las generadoras. Además, ofrece un plan de pagos a las distribuidoras para saldar sus deudas de febrero y marzo de este año en 48 cuotas mensuales a la tasa de mercado del Banco Nación. Esta iniciativa busca aliviar parcialmente la carga financiera de las distribuidoras y estabilizar el mercado eléctrico.

Además de las medidas propuestas, es crucial considerar el impacto de estas acciones en la estabilidad del sistema eléctrico y en la confianza de los inversores. La posibilidad de cortes de suministro no solo afectaría a las distribuidoras, sino también a los usuarios finales y a la economía en general. Una interrupción en el suministro podría desencadenar problemas adicionales, como la falta de electricidad en zonas críticas y un aumento en los costos operativos de las empresas afectadas. Esto podría tener un efecto dominó en diversos sectores productivos que dependen del suministro eléctrico constante.

Por otro lado, la implementación de un régimen más severo podría impulsar a las distribuidoras a buscar soluciones más eficientes y responsables en la gestión de sus finanzas. Sin embargo, este cambio también exige un esfuerzo coordinado entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios para asegurar que se cumplan las obligaciones de pago. La colaboración interinstitucional y la creación de incentivos para el cumplimiento de las deudas pueden ser claves para resolver esta situación de manera sostenible, evitando así medidas extremas que puedan tener repercusiones negativas a largo plazo.