En 2021, ante las dificultades económicas que atravesaba la compañía, el Estado argentino se convirtió en accionista mayoritario, adquiriendo el 80 por ciento de las acciones para asegurar la continuidad de más de 700 puestos de trabajo y garantizar el desarrollo de proyectos estratégicos. Sin embargo, tras un proceso de reestructuración y con una deuda aproximada de 500 millones de dólares, el gobierno y la provincia de Mendoza han decidido avanzar hacia su privatización.
El paquete accionario de IMPSA es mayoritariamente controlado por el Estado y la provincia de Mendoza, con un 63,72 por ciento y un 21,2 por ciento respectivamente. Actualmente, la legislatura mendocina trabaja en la cesión de su participación a la Nación para facilitar la venta. Aunque hay varios oferentes interesados, la opción más fuerte proviene de la empresa estadounidense ARC Energy, que ha ofrecido 30 millones de dólares por el 85 por ciento de las acciones.
Esta privatización ha generado un intenso debate. Para algunos, la venta de IMPSA es una oportunidad para salvar a la compañía de la quiebra y asegurar su futuro dentro de una industria globalizada. El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, ha defendido la medida, destacando la necesidad de privatizar para garantizar la supervivencia de la empresa y su potencial para contribuir a la transición energética. En este sentido, IMPSA cuenta con proyectos estratégicos como la participación en un reactor nuclear argentino y en parques solares y eólicos.
Sin embargo, expertos como Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, advierten que la privatización implicaría una pérdida de soberanía tecnológica y energética para Argentina. Según Malinovsky, IMPSA ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de capacidades de innovación en el sector nuclear y la industria de generación de energía, lo que podría verse comprometido con la venta a una empresa extranjera. Además, subraya que este proceso se enmarca dentro de una estrategia global de transición energética que beneficia a los intereses de países como Estados Unidos, lo que podría traducirse en una "transnacionalización" de una industria clave para el país.
La privatización de IMPSA también ha sido vista como un retroceso en términos de autonomía nacional, ya que la compañía representa un importante motor para la reindustrialización del país. La pérdida de control sobre una empresa con tanto potencial de innovación en áreas clave como la energía nuclear, hidroeléctrica y eólica es percibida por muchos como una amenaza a la soberanía energética de Argentina.
La venta de IMPSA pone en juego no solo la viabilidad de una empresa clave en el sector energético, sino también el futuro de la industria nacional y la capacidad de Argentina para mantener el control sobre sus recursos estratégicos. Mientras algunos consideran que la privatización es una necesidad para asegurar la continuidad de la compañía, otros temen que sea un paso hacia la pérdida de soberanía tecnológica y energética en un contexto global cada vez más competitivo.
jueves 21 de noviembre | 2024
La privatización de IMPSA: una decisión clave para el sector energético argentino
La privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), una de las principales empresas argentinas en el campo de la generación de energía renovable, avanza con celeridad. Este proceso, que podría convertirse en la primera venta de un activo estratégico por parte del gobierno nacional, despierta tanto expectativas como preocupaciones en diversos sectores. Fundada en Mendoza, IMPSA es reconocida por su innovación en proyectos hidroeléctricos, solares, eólicos y nucleares, y es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para la generación hidráulica y el diseño de componentes nucleares. A lo largo de los años, ha consolidado una presencia global, exportando el 85 por ciento de su producción a más de 40 países.
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