Modificaciones de último momento al régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI) aprobadas en el Senado

El Senado argentino aprobó, con modificaciones de última hora, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta aprobación se logró con 38 votos a favor y 32 en contra, destacándose el apoyo de tres senadores de Unión por la Patria (UP), a pesar de la oposición general de su bancada. La ley ahora regresa a la Cámara de Diputados para su debate y eventual sanción definitiva.

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Los cambios introducidos abarcan cinco aspectos clave:
1. Reducción de Actividades de Aplicación (Artículo 165): El régimen ahora se aplica únicamente a inversiones en sectores específicos como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, excluyendo la mención anterior de "cualquier sector".

2. Cuota Mínima de Proveedores Locales (Artículo 174 inciso L): Se establece que al menos el 20% de la inversión total en proveedores debe ser destinada a organizaciones nacionales, siempre y cuando estas cumplan con las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

3. Plazos de Cobro de Exportaciones (Artículo 196): Las exportaciones de los proyectos adheridos al RIGI tendrán plazos específicos para la liquidación de divisas en el mercado de cambios: 20% a los 2 años, 40% a los 3 años, y 100% a los 4 años desde la puesta en marcha del proyecto. En el caso de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, estos plazos se reducen a 1, 2 y 3 años respectivamente.

4. Garantías sobre Acciones de los VPU (Artículo 205): Las acciones, cuotas o participaciones de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) podrán ser transferidas y utilizadas como garantía sin necesidad de autorización previa de la autoridad de aplicación, solo debiendo informarlo dentro de los 15 días siguientes.

5. Procedimiento de Aprobación de los VPU (Artículo 175): Se flexibiliza el procedimiento de aprobación de los VPU para evitar rechazos por formalismos estrictos. La autoridad de aplicación tendrá 45 días para aprobar o rechazar una solicitud de adhesión, y podrá solicitar información adicional si es necesario. Además, se detallan los motivos específicos por los cuales una solicitud puede ser rechazada.

Estos cambios tienen como objetivo facilitar y fomentar grandes inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina, asegurando al mismo tiempo un mayor compromiso con proveedores locales y estableciendo mecanismos claros para la gestión de divisas y garantías. La promulgación de la ley por parte del presidente Javier Milei y su adopción por las provincias dependerá de la adhesión de los respectivos gobernadores.

El proceso legislativo ha sido complejo y lleno de negociaciones. La votación en el Senado reflejó una marcada división, con la iniciativa oficialista imponiéndose por un estrecho margen. El apoyo crucial de tres senadores de Unión por la Patria (UP) fue determinante para alcanzar la mayoría necesaria. Estos votos provinieron de legisladores que, a pesar de la resistencia dentro de su propio bloque, decidieron apoyar la iniciativa, destacándose entre ellos Guillermo Andrada de Catamarca, Carolina Moisés de Jujuy y Sandra Mendoza de Mendoza.

El respaldo a la ley se ve impulsado por la expectativa de un impacto positivo en diversas provincias con economías dependientes de sectores como la minería y la energía. Gobernadores como Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán han mostrado un firme apoyo a la medida, esperando que el RIGI atraiga inversiones significativas y promueva el desarrollo económico local. Sin embargo, no todos los legisladores provinciales comparten esta visión, evidenciado por la oposición de figuras como Lucía Corpacci y Juan Manzur, quienes se posicionaron en contra de la normativa.
La vuelta de la ley a la Cámara de Diputados representa el último paso antes de su promulgación. La cámara baja tendrá la tarea de evaluar y aprobar los cambios introducidos por el Senado. Este proceso podría ser un desafío, considerando las distintas posiciones políticas y los intereses en juego. La aprobación definitiva y su implementación a nivel provincial dependerán de la habilidad del Ejecutivo y de los legisladores para llegar a consensos que permitan la adopción uniforme de estas reformas en todo el país.

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