Las represas involucradas en este proceso son Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, que en conjunto generan aproximadamente el 25% de la energía hidroeléctrica del país. La Secretaría de Energía ultima los detalles técnicos y administrativos para lanzar los pliegos licitatorios en los próximos días, lo que marcará el inicio formal del nuevo esquema de concesión.
El llamado a licitación había sido originalmente planificado para fines de abril, pero se postergó a la espera de un consenso con las provincias involucradas, que se negaban a quedar completamente fuera del negocio hidroeléctrico. El acuerdo alcanzado evita que las provincias presenten objeciones políticas o legales al proceso de reprivatización, una condición que Nación consideraba indispensable para avanzar.
Las provincias basaban sus reclamos en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que desde 1994 reconoce la propiedad provincial de los recursos naturales. En ese marco, Neuquén y Río Negro exigían algún tipo de participación en las empresas que operan las represas, cuyos contratos de concesión vencieron en 2023.
En medio de la disputa, ambas provincias aprobaron leyes que establecían nuevos cánones por el uso del recurso hídrico. Neuquén fijó un valor de 0,0050 dólares por metro cúbico de agua utilizado, mientras que Río Negro estipuló que las concesionarias deberían retribuirle un 5% del monto facturado por la venta de energía al Mercado Eléctrico Mayorista. Sin embargo, ninguna de estas normas fue reglamentada ni aplicada hasta el momento.
La posición inicial de Nación era que las regalías hidroeléctricas —establecidas en un 12% de la venta de energía— eran una retribución suficiente. Luego, se aceptó que las provincias puedan optar por cobrar estas regalías en especie, recibiendo directamente parte de la energía generada.
El nuevo esquema fue oficializado con el Decreto 718/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que desestimó cualquier posibilidad de participación accionaria provincial en las empresas operadoras y dispuso el llamado a concurso público. A su vez, estableció la transferencia de las acciones que actualmente posee el Estado nacional a Enarsa y Nucleoléctrica Argentina.
Este modelo se enmarca en la estrategia del gobierno de avanzar hacia un Estado más delgado y de reducir su participación en sectores económicos como el energético. El canon del 1% que cobrarán las provincias representa una compensación adicional, pero no implica injerencia en la gestión ni en los activos de las empresas.
Un elemento novedoso de la licitación será el precio diferencial que deberán ofrecer las nuevas concesionarias. Durante los dos primeros años, deberán destinar el 95% de la energía generada al abastecimiento de la demanda prioritaria —principalmente usuarios residenciales— a un precio regulado que rondará entre los 15 y 20 dólares por megawatt hora (MWh), por debajo del costo monómico actual de 68 dólares.
El 5% restante de la energía podrá venderse a precio libre en el Mercado a Término (MAT), y esta cuota aumentará gradualmente con el tiempo. La licitación prevé una expansión del porcentaje libremente comercializable en intervalos de 12 o 24 meses, hasta alcanzar niveles más representativos del mercado.
El objetivo del nuevo modelo es evitar un salto brusco en los precios de la energía que se trasladen directamente a las facturas de los hogares o que obliguen al Estado a incrementar los subsidios energéticos. De esta forma, se busca contener el impacto inflacionario sin desincentivar la inversión privada en el sector.
Con este panorama, el proceso de reprivatización de las represas del Comahue entra en su etapa decisiva. Neuquén y Río Negro lograron asegurarse una renta directa por el uso del agua, mientras el gobierno nacional avanza en su plan de reforma estructural del Estado. Los próximos días serán claves para conocer quiénes competirán por el control de uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país.