La decisión se tomó a pocos días del vencimiento del contrato de concesión vigente desde el 15 de junio de 1995, a cargo de Hidroeléctrica Futaleufú S.A., empresa controlada por el grupo ALUAR. El nuevo escenario establece condiciones específicas para que la empresa continúe operando la represa de manera transitoria.
La normativa establece que la concesionaria deberá continuar a cargo de la operación del complejo por un plazo inicial de 90 días, prorrogable hasta un máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, se deberá garantizar la continuidad operativa, la seguridad de las instalaciones y una entrega ordenada de los activos al Estado nacional.
Como parte del proceso, la Subsecretaría de Energía Eléctrica fue designada como veedora oficial, con la función de supervisar cada etapa del traspaso. Asimismo, se invitó formalmente al gobierno de la provincia del Chubut a designar un representante que participe activamente en la transición.
El traspaso de Futaleufú se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas, especialmente en relación con la administración de los recursos energéticos estratégicos de la región.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había manifestado públicamente su rechazo a cualquier prórroga automática del contrato de concesión sin condiciones claras. Entre sus reclamos figuran una tarifa energética más accesible para los habitantes de la provincia, inversiones concretas en infraestructura y una participación directa en la renegociación del contrato.
El complejo Futaleufú tiene un papel central en el esquema energético nacional, ya que abastece con más del 90% de su producción a la planta de aluminio ALUAR, ubicada en Puerto Madryn. Mientras tanto, localidades cercanas como Esquel, Trevelin y Cholila enfrentan altos costos de energía y carencias en el suministro.
Frente a esta situación, diversos sectores políticos, sociales y ambientales de Chubut han intensificado sus demandas para que la represa sea "provincializada", argumentando que los beneficios económicos y energéticos no llegan a la región donde se genera la energía.
La resolución marca el inicio de una nueva etapa institucional, pero aún persisten múltiples incertidumbres sobre qué ocurrirá una vez concluido el período de transición. No se han definido los términos de una eventual nueva concesión ni se ha avanzado en un modelo de gestión con mayor participación provincial.
Desde distintos ámbitos, se advierte la necesidad de repensar el modelo energético nacional con un enfoque más federal, en el que las provincias productoras tengan un rol activo en las decisiones estratégicas sobre sus recursos.
La represa Futaleufú fue construida en los años setenta y es considerada una de las obras de infraestructura más relevantes de la Patagonia. Su capacidad instalada es de 472 MW y es fundamental para sostener la producción de aluminio en el país.
El debate sobre el futuro de Futaleufú vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre el aprovechamiento privado de recursos estratégicos y la necesidad de un mayor beneficio para las comunidades locales. La transición será clave para definir ese nuevo equilibrio.
En los próximos meses, tanto Nación como la provincia de Chubut deberán avanzar en negociaciones para definir un esquema de gestión que contemple los intereses estratégicos del país, sin desatender las demandas históricas de las comunidades patagónicas.
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