Una de las decisiones más significativas que destacan en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), efectiva a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los nuevos integrantes del Directorio, quienes serán seleccionados conforme al artículo 8 del mismo decreto.
La Secretaría de Energía, a cargo de designar a los respectivos interventores del ENRE y el ENARGAS, jugará un papel crucial en este proceso. Además, el Gobierno invita a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía para llevar a cabo las acciones de emergencia necesarias y garantizar la prestación de los servicios de distribución de electricidad correspondientes a su jurisdicción.
El DNU también establece mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, con el objetivo de mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión. Luis Caputo, en relación con la reducción de subsidios a la energía y el transporte, señaló que este proceso será gradual, extendiéndose a lo largo de uno o dos años.
En cuanto a la revisión tarifaria, ordenada por el artículo 43 de la Ley N° 24.065 y al artículo 42 de la Ley N° 24.076, el decreto establece que los cuadros tarifarios no podrán exceder el 31 de diciembre del 2024. Durante este proceso, se podrán aprobar "adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos" con el fin de asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, según lo determine la revisión de tarifas.
Este conjunto de medidas gubernamentales busca reconfigurar el panorama energético del país, introduciendo cambios significativos en la regulación y el funcionamiento de los servicios públicos de electricidad y gas natural. La intervención en los entes reguladores y la revisión tarifaria marcan un nuevo capítulo en la política energética, con un horizonte que se extiende hasta el final de 2024.