La polémica ley, compuesta por 351 páginas, busca realizar una reforma integral de la Ley de Hidrocarburos 17.319, con implicancias significativas en la gestión de los recursos de las provincias petroleras. Entre los cambios propuestos se encuentra la pérdida de privilegios para las empresas estatales, tanto a nivel nacional como provincial, que incluyen la reserva de áreas y la posibilidad de asociarse bajo la modalidad de "carry". Este último esquema, aplicado en proyectos en Vaca Muerta, permite a empresas como Gas y Petróleo del Neuquén-GyP participar con un 10% de inversión en la etapa exploratoria, compensada en la fase de producción por petroleras internacionales.
Uno de los puntos más destacados de la ley es la eliminación del "barril criollo", que establecía un precio diferencial para el petróleo, desvinculándolo de los vaivenes internacionales. Con esta medida, las productoras podrán vender crudo a precios de exportación, mientras que las refinadoras comercializarán naftas y gasoil en el mercado interno a precios de importación. Este cambio era ampliamente esperado por el sector empresarial, especialmente por las multinacionales con intereses en Vaca Muerta.
A partir de la implementación de la Ley Ómnibus, los precios de los hidrocarburos se acoplarán a los valores internacionales, eliminando la intervención del Poder Ejecutivo en la fijación de precios en cualquier eslabón de la cadena de negocios, incluyendo el barril de petróleo y los combustibles líquidos y gaseosos. La "maximización de renta" se incorpora como un objetivo adicional al autoabastecimiento, y las empresas estatales solo podrán vender a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, siguiendo las paridades de exportación o importación.
La ley también contempla la privatización de empresas estatales, autorizando la venta de la participación estatal en compañías como YPF, Enarsa, Nucleoeléctrica, Dioxitex y Yacimientos Carboníferos Fiscales. Además, se permite la venta de participaciones minoritarias del Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses en empresas privadas cotizadas en bolsa.
La reforma incluye un apartado destinado a promover inversiones de infraestructura a través de "leyes estímulo", buscando generar condiciones propicias para proyectos de gran envergadura, como la producción de gas natural a gran escala. En este sentido, se plantea la posibilidad de cajonear la ley del GNL de Sergio Massa, con condiciones más generalistas para las inversiones, como la libre disponibilidad del 100% de divisas después del tercer año del proyecto, reducción del impuesto a las ganancias al 25%, estabilidad impositiva y cambiaria por 30 años, entre otros beneficios.
La Ley Ómnibus propuesta por el gobierno de Milei representa un cambio profundo en la estructura del sector energético argentino, con la apertura a la inversión privada, la liberalización de precios y exportaciones, y la privatización de empresas estatales estratégicas como YPF. Este proyecto, de ser aprobado, podría tener un impacto significativo en la industria petrolera y en la economía del país, generando tanto oportunidades como desafíos.